Uso de datos personales en informes de detectives privados como prueba en juicio

Una videograbación mediante cámara oculta, una grabación de llamada telefónica, una fotografía… aportadas a un informe pericial de investigación por detective privado como prueba en un procedimiento judicial, contienen como, mínimo imagen y/o voz, como datos personales.

Tú qué crees? Si, con carácter previo a la emisión del informe pericial y su aportación en juicio, el detective informara al investigado del tratamiento para obtener el consentimiento expreso, se lo daría? Qué resultado de prueba obtendría?.

¿Qué base legítima habilita al detective para el tratamiento de datos del investigad@ necesario para su investigación? ¿Y para cedérselos a su cliente? ¿Y para su aportación a un informe pericial?

El consentimiento parece ser la base legítima para el tratamiento de datos más conocida; pero contamos con otras más. El consentimiento no es obligatorio en tal caso, sino que la base legítima del tratamiento de datos es el cumplimiento de una obligación legal o la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero.

Datos personales en informes de detectives privados Susana GonzalezEl tratamiento de los datos personales por detectives privados que reciben un encargo por cuenta de tercero legitimado, se encuentra habilitado por la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, siempre que estén legalmente habilitados (arts. 5 y 48 LSP). En concreto, para obtener información de personas, siempre que no se utilicen para ello “medios materiales o técnicos que atenten contra el derecho al honor, la intimidad personal o familiar”.

Por tal razón, no es obligatorio el consentimiento del investigado para que se pueda realizar dicho tratamiento de sus datos, ni para la aportación de dichos datos a su informe para sustentar la prueba en un procedimiento judicial.

En cuanto a la legitimación del contratante del detective privado para aportación de prueba en un procedimiento judicial, puede proceder de la existencia de una relación entre las partes (laboral, familiar, mercantil…), o de una relación precontractual (investigaciones a proveedores, a clientes…) o la legal en base a ejercer el derecho de tutela judicial efectiva, mediante la acreditación de hechos que fundamenten una demanda o que permitan oponerse a la misma.

Como regla general la Ley de Seguridad Privada habilita la actividad de los detectives privados como legítima.

Además, en su art. 48 establece,

“1. Los servicios de investigación privada, a cargo de detectives privados, consistirán en la realización de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación, por cuenta de terceros legitimados, de información y pruebas sobre conductas o hechos privados relacionados con los siguientes aspectos:

  1. a) Los relativos al ámbito económico, laboral, mercantil, financiero y, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados.
  2. b) La obtención de información tendente a garantizar el normal desarrollo de las actividades que tengan lugar en ferias, hoteles, exposiciones, espectáculos, certámenes, convenciones, grandes superficies comerciales, locales públicos de gran concurrencia o ámbitos análogos.
  3. c) La realización de averiguaciones y la obtención de información y pruebas relativas a delitos sólo perseguibles a instancia de parte por encargo de los sujetos legitimados en el proceso penal.
  4. La aceptación del encargo de estos servicios por los despachos de detectives privados requerirá, en todo caso, la acreditación, por el solicitante de los mismos, del interés legítimo alegado, de lo que se dejará constancia en el expediente de contratación e investigación que se abra.
  5. En ningún caso se podrá investigar la vida íntima de las personas que transcurra en sus domicilios u otros lugares reservados, ni podrán utilizarse en este tipo de servicios medios personales, materiales o técnicos de tal forma que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen o al secreto de las comunicaciones o a la protección de datos”.

Concretamente en este caso, considero que la base legítima del tratamiento y la ulterior cesión de datos es el cumplimiento de la obligación legal, tanto desde el punto de vista de la propia habilitación legal del detective, como por el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte que haga valer dicha evidencia mediante un informe pericial como medio de prueba aportado a un procedimiento judicial (art 2.2.d); 6.1.c) y 23 del GDPR y 8 LOPDGDD y art. 299.2, 265.1.5, 335, 336, 380 LEC “medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso”), y más concretamente, en el art. 265.1.5 LEC “los informes, elaborados por profesionales de la investigación privada legalmente habilitados, sobre hechos relevantes en que aquéllas apoyen sus pretensiones. Sobre estos hechos, si no fueren reconocidos como ciertos, se practicará prueba testifical.”

Además, la Sentencia de la Audiencia Nacional de 19/10/2005 (recurso nº 1139/2003) y establece con claridad que: “la comunicación realizada por .. a su abogado y al perito imparcial se haya autorizada por la Ley de Protección de Datos a tenor del artículo 11.2 de la misma, al ser preceptiva la intervención de abogado y procurador en el procedimiento judicial, y dado que el artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige que los dictamines periciales se acompañen con la demanda”, lo que; aun cuando hace referencia a la normativa de protección de datos anterior a la vigente, es acogido por la normativa actual.

Pero… ¿puede el investigado ejercer su derecho de acceso frente al detective privado?

No procede que el investigado pueda ejercitar el derecho de acceso ante el detective, ya que el art. 50 Ley de Seguridad Privada, establece el deber de reserva de los detectives privados sobre las investigaciones que realicen, no pudiendo facilitar datos o informaciones sobre éstas más que a las personas que se las encomendaron y a los órganos judiciales y policiales competentes para el ejercicio de sus funciones, excepto por requerimiento judicial o solicitud policial relacionada con el ejercicio de sus funciones en el curso de una investigación criminal o de un procedimiento sancionador.

¿Dónde queda entonces el derecho a la protección de datos en estos casos? Colisión de entre protección de datos y tutela judicial efectiva. Gana tutela judicial efectiva.

Constitucionalmente se consagra el derecho de las personas físicas o jurídicas a la tutela judicial efectiva y el derecho a utilizar los medios de prueba que consideren adecuados para el sostenimiento de su pretensión (Art. 24.2)

Cuando se produce colisión entre el derecho a la protección de datos personales y el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la protección de datos personales cede en aquellos supuestos en que el propio Legislador (constitucional u ordinario) haya considerado la existencia de motivos razonados y fundados que justifiquen la necesidad del tratamiento de los datos, incorporando dichos supuestos a normas de, al menos, el mismo rango que la que regula la materia protegida.

Así, se considera que exigir el consentimiento del titular de los datos objeto de tratamiento para articular una prueba a aportar en un procedimiento judicial, supondría dejar a su disposición que otra persona pueda ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva y, por tanto una merma en la posibilidad de aportación de “los medios de prueba pertinentes para su defensa”, vulnerándose las garantías derivadas del citado derecho a la tutela efectiva y coartándose la posibilidad de obtener el pleno desenvolvimiento de este derecho (STC 186/2000, de 10 de julio, que cita de otras muchas):

“el derecho a la intimidad no es absoluto, como no lo es ninguno de los derechos fundamentales, pudiendo ceder ante intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el recorte que aquél haya de experimentar se revele como necesario para lograr el fin legítimo previsto, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho”.

¿Qué posibles límites tiene todo esto?

La Audiencia Nacional (S 22/10/2010 rec. 409/2009) nos dice, en cuanto a la obtención de medios probatorios y su validez en el procedimiento, pese a no ser solicitadas ni obtenidas por vía judicial, lo siguiente: “centrándonos concretamente en el procedimiento judicial, existen también en él una serie de intereses y garantías que ostentan un trascendente valor en dicho proceso, tales como el del verdadero esclarecimiento de los hechos o el legítimo ejercicio del derecho de defensa de las partes, que han de ser ponderados en aquellos casos en que dichos intereses y garantías confluyen con el derecho contemplado en el artículo 18.4 CE , hasta el punto de que pueden llegar a implicar una importante limitación de tal derecho de protección de datos personales.”

Ante esto, existen múltiples resoluciones de la AEPD que indican que “debiera ser el órgano judicial correspondiente quien se manifestara sobre la legitimidad de la prueba aportada, y en el presente caso en ambos procedimientos judiciales fueron admitidos como pruebas, por lo que, en el caso de que esta Agencia impusiera sanción por estos hechos, dicha circunstancia colisionaría con el ejercicio del derecho constitucional a una tutela judicial efectiva”.

Obviamente si una prueba es admitida en un procedimiento judicial, es el tribunal quien es competente para valorar si la misma atenta o no contra los derechos al honor, intimidad o propia imagen, al secreto de las comunicaciones o a la protección de datos.

Todavía no tenemos resoluciones claras en este sentido con el RGPD y la LOPDGDD en a mano, pero mucho me temo que se trate de una cuestión bastante indiscutible.