Esta mañana he recibido llamada de Cadena Cope para charlar unos minutos sobre los posibles ilícitos cometidos a través de las redes sociales que, con ocasión (o casi mejor dicho “aprovechándose”) del reciente accidente de avión que lamentablemente, está siendo un tema de actualidad por los insultos en redes sociales.
Para quienes queráis escuchar la entrevista aquí os dejo el vídeo.
Oportunismo frente a oportunidad.
Esto es mi opinión personal: No alcanzo a ver dónde se le ve la gracia ni tampoco de dónde sacan el tiempo algunos perfiles para, aprovechándose de una catástrofe, hacer labor comercial muy por encima de prohibiciones y de la más pura ética, respeto y empatía y, peor aún para, amparados en el ejercicio de nuestra libertad de expresión, arremeter contra todo aquel que no se exprese como esperamos, y ya ni mención merece cuando se hace contra víctimas de un accidente por el mero hecho de su procedencia local dentro del territorio nacional.
Personalmente me resulta un problema cultural, de falta de respeto, falta de ética y de empatía amparados generalmente en el supuesto anonimato de decir cosas tras una pantalla, sin valorar suficientemente las consecuencias hasta el límite de que parece desconocerse que se pueda estar cometiendo un ilícito penal, ya sea delito o falta, que pueda tener una consecuencia con las normas actuales en la mano.
Me preocupa el oportunismo que se hace en casos de catástrofes para obtener notoriedad en la red. Observo que muchos dicen barbaridades, sin dimensionar y seguramente a cambio de unos cuantos RTs o seguidores, saltándose así los límites de la libertad de expresión frente al derecho al honor.
Probablemente el uso de las redes como canales de comunicación actualmente esté todavía en una fase más incipiente de lo que pensamos quienes llevamos años trabajándolas con eficacia y buscando potenciar sus enormes ventajas. De ahí que frente al oportunismo, cite también la oportunidad. Lo sucedido estos días puede ser una excelente oportunidad para que las autoridades recuerden que determinados actos tienen consecuencias, y que en las redes asumimos la misma responsabilidad sobre nuestros actos que en la vida real, solo que potenciado con los altísimos niveles de difusión y alcance que las mismas proporcionan.
Los abogados, por ejemplo, tenemos una prohibición estatutaria y deontológica expresa de aprovecharnos comercialmente de este tipo de catástrofes para ofrecer nuestros servicios en off line y en on line, así lo ha recordado expresamente el Consejo General de la Abogacía y su presidente a través de twitter por ejemplo, ante el caso de un tweet de un despacho de abogados que quiero pensar que no dimensionó o no valoró las consecuencias sobre sus 140 caracteres antes de darle al click de enviar.
Precisamente en base a defender ese no oportunismo, no cito aquí de qué accidente estamos hablando, ni de qué tweet de qué despacho se trata, ni de qué famoso cambió una “a” por una “u” en su tweet a costa de lo que ha tenido que soportar miles de insultos en la red; ni de qué tipo de innombrables cuentas ocultas bajo un nick han arremetido contra víctimas del accidente discriminándoles por razón de su procedencia local dentro de nuestro país. No lo hago porque me vale cualquier y cualquier persona; porque no quiero dar ni medio segundo de notoriedad ni a los autores, y porque sencillamente defiendo el más absoluto respeto.
Concretamente, en el caso producido esta semana del inapropiado tweet de un despacho de abogados, considero que ha incumplido normas del sector, que éticamente me resulta desastroso y que le reporta una muy negativa reputación online. Pero, desde mi punto de vista, hasta ahí. Hacer leña de un compañero de profesión como consecuencia de cualquier metida de pata, error manifiesto, falta de información o de ética, puede también suponer afán de notoriedad oportunista. Considerándome libre de ejercer mi libertad de expresión, creo que no es necesario que lo haga a gritos, ni mediante insultos, ni colaborando a empeorar la situación con afán de protagonismo personal; porque en ese caso, se desconsidera el más mínimo respeto que todos debemos hacia los demás en ejercicio también de otro derecho fundamental: el de igualdad y respeto a la diversidad.
En la red debe primar la libertad de expresión y el respeto. Injurias directas y comportamientos que inducen odio pueden traspasar los límites de la libertad de expresión frente al derecho al honor.
Cómo se persiguen este tipo de ilícitos cometidos en redes sociales.
A la red se le aplica la legislación vigente, mismos delitos sobre soportes diversos.
Insultos o injurias, calumnias, amenazas, delitos de odio o apología del delito o inducción al terrorismo se han podido producir en la plaza toda la vida y ahora en internet.
La diferencia es la capacidad de difusión y de amplificación de los efectos ilícitos (al igual también que sus enormes ventajas y potencial, solo que hoy toca hablar en términos menos positivos) que proporcionan las redes sociales, que pueden traspasar los límites de la libertad de expresión frente al derecho al honor.
La dificultad radica en la mayoría de las ocasiones en la prueba de la autoría, ya que tales ilícitos suelen cometerse mediante perfiles con nick no identificable. Es el mito el aparente anonimato que parece envalentonar detrás de una pantalla de ordenador.
Ante la proliferación de estos supuestos, últimamente hay quien apuesta por la necesidad de moderar los comentarios en redes sociales, por establecer un intervencionismo superior al actual basado en el propio soporte y difusión que dan las redes. Confieso que si las normas van detrás de la tecnología y yo cada día estudio y mucho sobre estos temas, todavía no tengo clara mi propia opinión. Me resulta un tema en exceso delicado, hasta el punto de que hoy por hoy no creo que el proteccionismo o excesivo paternalismo a base de prohibiciones vaya a ser ninguna solución, sino todo lo contrario, puede chocar directamente no sólo con nuestra libertad de expresión (también la de los delincuentes que abiertamente se posicionan) y de la esencia misma de internet.
Las propias redes tienen articulado el sistema para reportar infracciones o abusos de sus propias condiciones de uso tales como comportamientos abusivos y amenazas violentas.
Sería deseable poder contar con una mayor colaboración de las empresas titulares de redes sociales en una más ágil aportación de pruebas en la investigación de ilícitos penales a solicitud de las autoridades, y por tanto siempre que haya denuncia a instancia del perjudicado o apertura de causa por el Ministerio Fiscal.
Sin embargo, no creo que tengamos ninguna base para exigir a las empresas titulales de redes sociales que ejerzan competencias valorativas, ni sancionadoras, más allá de lo que tengan previsto en sus propias políticas legales y condiciones de uso que, como usuarios aceptamos expresamente cumplir con la apertura y mantenimiento de nuestras “gratuitas” cuentas.
De momento las empresas titulares de redes están ampliando sus sistemas de reporte, de suspensión y bloqueo de cuentas, e incluso próximamente parece que twitter va a implementar un filtro de términos insultantes y amenazantes que hará desaparecer tales tweets del timeline. Espero que cumpliendo las normas de conservación de las comunicaciones con la intención de evitar que el perjuicio a las víctimas se desborde pero no la persecución de posibles ilícitos y la averiguación de su autoría.
En la actualidad se está trabajando a marchas forzadas en estos temas por todas las profesiones implicadas y desde la más absoluta garantía de los derechos fundamentales. De hecho, la colaboración mutidisciplinar entre abogacía, fiscalía y fuerzas de seguridad del estado está siendo muy importante en la investigación del ciberdelito.
Pero no olvidemos que son los tribunales quienes tienen la competencia para valorar, interpretar los hechos y las pruebas y quienes tienen legalmente la facultad de determinar su alcance y consecuencias. Es muy importante por ello denunciar.
Las injurias están tipificadas en el código penal y sancionadas con Injuria: CP está castigada con multas de 6 a 1 4 meses (graves con publicidad) y de 3 a 7 meses (otras graves); si es falta (leve), la multa es de 10 a 20 días. Solo las graves son delito.
Actualmente, la interpretación de lo que es o no constitutivo de delito grave –con penas de cárcel superior a cinco años- en la red es un tema de candente actualidad. Es a este tipo de delitos a los que la Ley de Conservación de Datos relativos a las Comunicaciones Electrónicas y a las Redes Públicas de Comunicaciones reserva la solicitud de investigación tecnológica a instancia de las autoridades competentes.
La dificultad radica en esa valoración de la gravedad de los hechos y su suporte en pruebas sólidas. Cuestión esta última que, cuando hablamos de ilícitos cometidos en la red, nos exige una agilidad de reacción muy superior, ya que los abogados que sabemos algo de derecho y algo de informática sabemos también lo fácil que es manipular cualquier intento de evidencia de hechos cometidos en la red, bastando causar la duda razonable para su impugnación. Y sin pruebas no hay hechos probados, y sin hechos probados no hay acción, no hay asunto.
A principios de marzo de 2015 la Audiencia Provincial de Madrid dictó una resolución que ha supuesto un giro importante en cuanto a la investigación de delitos de odio en la red, ya que consideró que “insultar a través del más potente medio de difusión social de nuestro tiempo incrementa los efectos lesivos del derecho al honor”, entendiendo que por ello pueden merecer la consideración de graves, ateniendo al parámetro de la trascendencia social de los efectos del acto ilícito, con el objeto de procurar la investigación tecnológica del hilo que lleve hasta el autor, pudiendo así medidas pertinentes para esclarecer los hechos.
Como siempre, habrá opiniones para todos los gustos. Como abogado entiendo que debemos defender el principio de legalidad por encima de otras razones por justificadas que sean. Sin embargo, yendo la ley siempre por detrás de la tecnología y, a pesar de contar con figuras que tipifican con corrección estos ilícitos, creo que sería importante potenciar, con cobertura legal suficiente, herramientas para una más ágil instrucción e investigación, precisamente en garantía del derecho de defensa y de la tutela judicial efectiva; sin perjuicio de que, una vez hallado el autor, sea el tribunal quien califique si se ha producido o no ilícito y, en este caso, si es grave o leve.
Obviamente, esto es sólo mi opinión personal.
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